Socialismo y Liberalismo (I)

Con la que se nos viene encima, conviene más que nunca poner los puntos sobre las íes en lo que a políticas públicas se refiere. Que padecemos una crisis económica sin precedentes para la mayoría de los españoles, acostumbrados a la opulencia artificialmente creada por el crédito "sin crédito", es innegable. Que padecemos un gobierno incompetente en el mejor de los casos, y claramente malvado en otros, empieza a ser evidente para la mayoría de los ciudadanos librepensantes que gasten siquiera sea unos minutos en reflexionar sobre el tema. Bien es verdad que otros simplemente esperan ansiosos la décima edición de Gran Hermano...en fin.



Pues bien, al hilo del actual panorama político-económico español, se hace necesario dejar claros ciertos puntos que, a pesar de su evidencia, no son del todo conocidos:



1.- Existen ciertos personajes mediáticos y gubernamentales que afirman que existe una clara contradicción entre los liberales: si defendemos la no injerencia del estado en la economía, ¿por qué le exigimos al Gobierno que intervenga? Bien, primera aclaración. Cuando el liberal se refiere a que el Gobierno "haga algo" no ha de deducirse que solicita la "intervención directa" del Estado en la economía, sino, precisamente, que proponga las reformas necesarias de carácter estructural para que sea el propio mercado el que se reajuste. ¿Cómo? Simplificando procesos, persiguiendo la corrupción administrativa, y liberalizando sectores con regulaciones claras y de obligado cumplimiento para los actores económicos, lo que se traduce en una valiente fiscalización de la economía a través de organismos de control independientes.



Por poner un ejemplo: la construcción está en crisis por un claro desajuste estructural provocado por interferencias en el libre mercado tales como el farragoso sistema administrativo de ordenación del territorio español, planificador hasta la náusea, lo que retrasa y eleva el coste en función de clientelismo municipal en forma de oscura financiación de políticos y partidos; la temeridad en la concesión de financiación de la Banca, y muy especialmente de las Cajas de Ahorro tanto a empresas como a consumidores, con su consecuencia de aumento de precio final de los inmuebles, pero no así de su valor real, y la consecuente pérdida del valor real de la garantía hipotecaria); y la natural aceptación del dinero fácil por parte de los consumidores, que también han de asumir cierta culpa al pretender bienes que no podían pagar a cuenta de créditos hipotecarios que se firmaban con la argumentación del "malo será" o del "vendo el piso y le gano el 150 % en dos años".



¿Qué solución ha de tomar el gobierno? A juicio de un liberal, permitir que el mercado se reajuste automáticamente y por tanto, regulando con transparencia el sector, simplificando el proceso de urbanización, liberando definitiva y totalmente el suelo, y vigilando de cerca a los bancos, y muy especialmente a las Cajas de Ahorro. Es decir, que el Estado retire sus sucias manos del sector, y se limite a fiscalizar y a facilitar el negocio inmobiliario dotándolo de transparencia y libertad y persiguiendo decididamente la corrupción rampante a nivel municipal en la concesión de licencias, en la ordenación del territorio, en los Planes Generales...



¿Qué propone el gobierno? O bien rescatar a las grandes empresas a través de financiación pública directa, vía ICO, lo que intentó hace meses, o bien financiar públicamente la deuda de las empresas comprando suelo a éstas para ejecutar en ese suelo viviendas de protección oficial (VPO). Es decir, convertir al Estado en un actor directo en el sector. Como siempre, los pobres ciudadanos financiando a las grandes fortunas. ¿Es ésta una medida de carácter social? Eso sin entrar a valorar qué demonios se hace con el excedente de obra ejecutada existente en España: si sobran pisos construídos...¿debe el gobierno construír aún más, aunque sean VPO? ¿Qué pasará con los ya construídos? Una vez más el Estado causará más problemas de los que trata de resolver.



2.- Las arcas del Estado y de la Seguridad Social se resienten. Es decir, cada vez hay menos dinero público, porque cada vez se genera menos dinero en el sector privado al mismo tiempo que se despilfarra en los presupuestos del Estado las CCAA y los Ayuntamientos. Y no hay que ser un lince para deducir de dónde sale el dinero público: de los impuestos, o sea, de los contribuyentes, sean éstos personas físicas o jurídicas. ¿Qué propone el Gobierno? Más gasto público. Es decir, gastar dinero de las cuentas públicas improductivas en su mayoría, para tapar agujeros en el sector privado (léase ayudas sociales, 400 €, ayudas por hijo, ayudas al alquiler, vivienda pública, guarderías públicas, obras públicas...). Si habíamos deducido que el dinero público se genera vía impuestos de los contribuyentes, y éste se dedica a tapar los agujeros de productividad del sector privado, es inevitable la consecuencia: se oculta el problema con el dinero de todos, y éste continúa agravándose. Siguiendo la más lógica elemental llegará el momento en el que, seriamente mermados o, incluso, agotados los recursos públicos, y no habiendo solucionado el problema real de falta de competitividad y productividad del sector privado, habrá que tomar la más típica de las soluciones socialistas de todos los tiempos: SUBIR LOS IMPUESTOS para seguir con las políticas "sociales". Una vez más, la sociedad civil pagará el pato por partida doble: sus contribuciones públicas serán despilfarradas para "parchear" el problema real de la economía española, y cuando se vean abocados a una pérdida de poder aquisitivo, verán cómo, sin el menor pudor, los mismos que le han empobrecido le "despojarán" y exprimirán todavía más, vía impuestos.

¿Qué propone el Liberal? Todo lo contrario: austeridad en el gasto público, reduciéndolo a los mínimos exigibles de solidaridad, flexibilizar el mercado laboral, y BAJAR LOS IMPUESTOS, tanto a personas como, fundamental, a PYMES y grandes empresas. La consecuencia de estas políticas es también evidente: si el sector privado, es decir, trabajadores y empresas, ven liberada parte de su renta o beneficios vía impuestos, dispondrán de un plus de dinero que podrá adminsitrar mucho mejor que el despilfarrador Estado o CCAA o Ayuntamientos, por una sencilla razón: es suyo. El dinero de las empresas se moverá con mayor fluidez y la bajada de impuestos hará a éstas más competitivas en un entorno global de feroz competencia, atrayendo incluso nuevas inversiones. Es decir, el conjunto de la sociedad civil verá como se le deja abierta una puerta para la recuperación y el rearme de la economía, tanto familiar como empresarial. Finalmente, una de las muchas ventajas de estas políticas liberales es, paradójicamente, que suele ser una época de mayor recaudación pública, puesto que se produce un aumento de contrataciones lo que supone un aumento de recaudación vía cotizaciones e impuestos directos, y un aumento del consumo, lo que se traduce en una mayor recaudación vía impuestos indirectos. Por tanto, las arcas del Estado no sólo no recaudan menos, sino que recuperan su capacidad para invertir en políticas sociales básicas.

CONCLUSIÓN

Éstas son, entre otras muchas, diferencias básicas entre las políticas liberales, que creen en el individuo, en su autonomía y en su sabiduría en la gestión de sus propios recursos como la más eficaz de las armas para superar épocas de dificultades e incluso para evitarlas en gran medida, mientras las políticas socialistas, que creen en la divina intervención de papá Estado para administrar no sólo nuestra riqueza, sino también nuestra pobreza, acaban generando más paro, inflación, y una bajada real del nivel de vida de la mayoría.


Salud y Libertad.