Asistimos a un fenómeno de consecuencias funestas: la confusión de democracia con partitocracia. La democracia es, en esencia, el gobierno del pueblo. Pero esto no quiere decir necesariamente que todas las decisiones tengan que ser adoptadas siguiendo el patrón de las mayorías parlamentarias, imponiendo los porcentajes de representación en el Parlamento a todos los poderes del Estado o sus órganos de control. La extensión de las mayorías parlamentarias a instituciones como el CGPJ, el TC, u otras, supone, de facto, el aumento del poder real de los partidos, en detrimento del poder real de los ciudadanos, y tiene la perversa consecuencia de conseguir exactamente lo contrario de lo que debería: en lugar de limitar el poder, estableciendo un control efectivo de unos poderes por otros y facilitando además la normal alternancia en el poder, se consigue la mayor concentración posible de poder en manos del partido gobernante, que, indefectiblemente cortará el paso a toda alternancia democrática.
Si los partidos políticos designan el gobierno de los jueces, aquéllos habrán vampirizado el poder de éstos, de tal manera que el único poder del Estado que podría parar los pies a los políticos en sus desmanes, despojos e incluso crímenes, queda sometido, de iure y de facto a esos propios políticos.
Yo creo firmemente que si el Poder Judicial es tal, ha de ejercer de tal, y por tanto, ha de diferenciarse totalmente del Poder Legislativo, y, no digamos, del Poder Ejecutivo, eligiendo a su órgano de gobierno sin interferencias políticas de ninguna clase. Lo contrario, la elección de los jueces por los partidos, es, digámoslo claramente, el secuestro político del Poder Judicial. ¿Quién va a creer que un juez propuesto por el PP o el PSOE va actuar contra aquéllos que le han aupado a su sillón? Lo veremos pronto.
No debemos olvidar que el Poder Judicial es, en última instancia, el que verdaderamente protege al ciudadano de los desmanes del poder, garantizando la independencia de los jueces y la igualdad ante la Ley. Son los jueces la última esperanza de los ciudadanos ante la poderosa Administración. Si cae el poder judicial, cae sin duda el poder ciudadano. No quedará al individuo ni un atisbo de esperanza al denunciar las tropelías del poder. Si los ciudadanos empezamos a percibir que no se pueden denunciar según qué cosas porque los directamente perjudicados por las ilegalidades de otros podemos ser nosotros mismos por el simple hecho de denunciarlas, la democracia habrá dejado de existir.
Digámoslo con claridad: la democracia no es partitocracia. La democracia no es la injerencia de los partidos políticos en todas las decisiones del Estado y la sociedad. Un sistema en el que el partido gobernante, elegido democráticamente, tiene todas las llaves del Estado e impone su criterio en todos los poderes estatales, suplantando al Parlamento y al Poder Judicial, con el suicida beneplácito del partido que, ilusamente, pretende “heredar” el poder, es un sistema abocado, irremediablemente, a una dictadura más o menos encubierta.
Salud y Libertad
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