jueves, 23 de diciembre de 2010

¿El fin de la normalización lingüística?

Importantísmos fallos del Tribunal Supremo sobre el uso del castellano como lengua vehicular en los centros docentes de Cataluña, y, por extensión, del resto de España con una situación de cooficialidad de lenguas. El Tribunal Supremo sienta Jurisprudencia en tres aspectos esenciales sobre el uso del castellano como lengua vehicular:
1.- Los ciudadanos tenemos derecho a que el castellano sea lengua vehicular en el sistema educativo.
2.- Si las administraciones en las que coexisten dos lenguas oficiales, consideran que debe otorgar un trato de favor a alguna de ellas, éste debe cumplir dos requisitos esenciales:
a) Dicho trato de favor no puede suponer en ningún caso que el castellano quede relegado a un porcentaje que haga ilusoria su consideración de lengua vehicular (como si se tratara del estudio de una lengua extranjera)
b) El trato de favor tendrá, en todo caso, carácter transitorio, hasta la consecución de la conjunción lingüística o bilingüismo integral, único que garantiza el principio de lealtad institucional entre administraciones públicas. Es decir, el objetivo normalizador ha de ser que la proporción en el uso de las lenguas cooficiales sea equivalente
3.- Los padres tienen derecho, si así lo demandan, a que los centros les dirijan las comunicaciones también en castellano.
En conclusión, el Tribunal Supremo, expulsa del sistema educativo la imposición monolingüe, que margina a los ciudadanos castellano/hablantes, e impone, en todo caso, un claro límite a las políticas de normalización lingüística de las administraciones.
Así, siendo cierto que deja al arbitrio y competencia de la administración el establecimiento de políticas lingüísticas de discriminación positiva favorable al catalán, en función del grado de normalización de la sociedad catalana, no es menos cierto que limita dichas políticas, temporalmente, al establecer su carácter transitorio, normativamente, al obligar a la motivación suficiente de tales políticas, y delimita la finalidad y objetivo de las mismas: la consecución de un bilingüismo integral, modelo constitucional que garantiza el principio de lealtad constitucional entre Administraciones Públicas.
¿Estamos, por tanto, ante el fin de las políticas de normalización lingüística? En mi opinión, estas sentencias no acaban con dichas políticas, pero sí las dejan heridas de muerte, al establecer que su objetivo no puede ser, en ningún caso, el establecimiento de una educación monolingüe, y, por tanto, deja fuera del ordenamiento jurídico aquellas políticas que pretenden marginar a los ciudadanos castellano/hablantes en aquellas regiones en las que éste convive con otra lengua oficial.
Pero hemos de recordar aquí, una vez más, que una sentencia que no se ejecuta es, simplemente, papel mojado. Y en este sentido, la casta gobernante catalana (la saliente y la entrante) ya se ha apresurado a decir públicamente que no acatarán las sentencias del Supremo, negando incluso a éste competencia para inmiscuirse en sus políticas lingüísticas. Y esto coloca el problema, de nuevo, en el ámbito político: ¿qué partido político nacional se comprometerá a hacer cumplir estas sentencias? ¿quién se atreverá a meter en cintura a la nueva Generalidad de Cataluña?¿los mismos que necesitarán sus votos para gobernar en España? Veremos.

Salud y Libertad

lunes, 20 de diciembre de 2010

Educación y Libertad

El jueves pasado el Tribunal Constitucional publicó la sentencia sobre el recurso de amparo 7509/2005 presentado por unos padres cuya opción para la educación de sus hijos fue la de educarlos en casa, el conocido “homeschooling”, un fenómeno de carácter internacional cada vez más aceptado y regulado en los países de nuestro entorno cultural.
La sentencia se pronuncia sobre la interpretación de los apartados uno dos y tres del artículo 27 de la Constitución española, relativos al derecho a la educación, el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales o ético/religiosas, y el papel de los poderes públicos en la garantía de tales derechos.
Para el TC, “el derecho a la educación en su condición de derecho de libertad no alcanza a proteger, siquiera sea prima facie, una pretendida facultad de los padres de elegir para sus hijos por razones pedagógicas un tipo de enseñanza que implique su no escolarización en centros homologados de carácter público o privado.”
Es decir, el TC consagra el principio de “educación es igual a escolarización”, o lo que es lo mismo, “no hay educación fuera del Estado”
Por si no quedaba suficientemente claro, el TC concluye que “La educación a la que todos tienen derecho y cuya garantía corresponde a los poderes públicos como tarea propia no se contrae, por tanto, a un proceso de mera transmisión de conocimientos [cfr. art. 2.1 h) LOE], sino que aspira a posibilitar el libre desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos [cfr. art. 2.1 a) LOE] y comprende la formación de ciudadanos responsables llamados a participar en los procesos que se desarrollan en el marco de una sociedad plural [cfr. art. 2.1 d) y k) LOE] en condiciones de igualdad y tolerancia, y con pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales del resto de sus miembros [cfr. art. 2.1 b), c) LOE].
El TC ha consagrado, pues, la idea de que sólo el Estado es “capaz” de garantizar un libre desarrollo individual, democrático, y respetuoso con los derechos fundamentales”, finiquitando, de esta manera, el derecho a la libertad de educación en nuestro país. Para el TC, los ciudadanos somos una especie de bárbaros a disciplinar, pues no somos capaces de garantizar, para nuestros propios hijos, una buena educación en valores. Esa labor divina corresponde, según nuestro TC, al sacrosanto Estado. Porque, en última instancia lo que esta nefasta sentencia viene a sancionar es algo tan sencillo como que nuestros hijos, su educación, sus principios, sus valores, no son nuestros. Antes al contrario, nuestros hijos son propiedad exclusiva del Estado, al menos, y de momento, durante la enseñanza obligatoria.
Una vez más, el TC estira y deforma el espíritu del texto constitucional, y lo interpreta de manera socialista, vetando cualquier atisbo de parcela de independencia a los ciudadanos, en este caso a los padres, para decidir sobre su vida, hacienda y familia. Gracias al TC, nuestra Constitución es, cada vez más, una prisión y no una liberación.

Salud y Libertad

sábado, 4 de diciembre de 2010

España se asoma al precipicio

España se descontrola por momentos, absolutamente desnortada y sin gobierno. La situación empieza a ser ya altamente preocupante. En un plazo de horas, sino minutos, esto puede venirse abajo definitivamente. No puede uno sino comprobar con tristeza cómo un personaje tan estulto y siniestro a partes iguales, como José Luis Rodríguez Zapatero, dilapida el esfuerzo, la historia y la capacidad de una nación milenaria como España, empeñando a una generación de españoles y muy probablemente a sus hijos.

250.000 ciudadanos dejados a su suerte en los aeropuertos, el vicepresidente Rubalcaba, el mismo que nos martilleó en plena crisis del 11M con aquello de que "España se merece un gobierno que no mienta", el mismo que negaba el GAL, dando ruedas de prensa SIN PREGUNTAS, el presidente ZP subiendo impuestos a hurtadillas, tomando medidas impuestas por la UE y USA, quitando el caramelo de las subvenciones precisamente a aquellos que más las necesitan, dejando a miles de ciudadanos sin ningún tipo de ingresos mientras subvenciona múltiples asociaciones inútiles, los Guardias Civiles cabreados y obligados a poner multas, el gobierno en pleno arrodillado ante Marruecos, la lista de parados aumentando mientras se sigue despilfarrando el dinero público, recortes de las pensiones por decreto, ministras que se inventan custodias de hijos por ley, clausuras gubernamentales de lugares de culto católico, y constantes guiños al culto musulmán...

Con nuestra credibilidad internacional por los suelos, con nuestros acreedores externos cada vez más cabreados y con menos ganas de pagarnos las facturas pendientes, con unas comunidades autónomas convertidas en taifas de iure y de facto, verdaderas máquinas de despilfarrar, con un gobierno que cuestiona permanentemente el concepto de nación, reescribiendo la historia, y que sube los impuestos de la gasolina y del tabaco...para luego no dejarnos fumar o invitarnos a usar el transporte público. Con este panorama tan sombrío, España se asoma cada vez más al precipicio. Caminamos por el alambre, y corremos serio peligro de que alguna chispa haga arder la pira del descontento popular.

Alguien debería convencer de alguna manera a este gobierno de que no puede permanecer en el poder ni un minuto más. La supervivencia política de este gobierno va ligada al desastre nacional más absoluto. Cuanto más tiempo este PSOE en el poder, más cerca estaremos de la debacle. Nuestras crisis (la moral, la económica y la institucional) tienen un siniestro y diabólico catalizador: José Luis Rodríguez Zapatero. Un personaje que ha destapado la peor de las herencias de la izquierda en España: revanchista, ignorante, sin saberse superado por la situación a la que nos ha llevado su ineptitud.

La salida de la crisis será dura, costará muchos sacrificios, pero una cosa está clara: con Zapatero es absolutamente imposible. Este presidente es muy capaz de aguantar en el cargo sin pestañear mientras el edificio se le viene abajo. ¿Estamos los españoles dispuestos a suicidarnos con este personaje? Es hora de que los ciudadanos hablen en las urnas. Es mucho lo que está en juego. Nada más y nada menos que España.